1. Crear un estrategia de Estado
El primer punto que el informe considera clave es que las autoridades
establezcan una estrategia de Estado, es decir, alejada de la "lógica
partidista" y con "etapas claras a corto medio y largo plazos".
Desde el arranque del operativo actual a mediados de enero pasado,
militantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
del Partido Acción Nacional (PAN) han intercambiado críticas sobre las
acciones desplegadas en Michoacán.
Algunos priistas culpan al expresidente panista Felipe Calderón
(2006-2012) de haber desatado la violencia en el estado al iniciar ahí
su ofensiva contra el crimen organizado. Por su parte, panistas señalan
que, aunque en su momento las criticaron, el PRI sigue medidas similares
a las empleadas por Calderón, porque el uso de las Fuerzas Armadas es
necesario para enfrentar a la delincuencia.
2. Diálogo con todos los actores políticos
El informe considera que el gobierno federal debe entablar contacto
no sólo con los grupos de civiles armados, sino también con aquellos que
representan a otros sectores de la sociedad michoacana.
"Las condiciones sociales y políticas de la crisis no han sido
atendidas", señala el documento, que cita como ejemplo los consejos
ciudadanos ubicados tanto en regiones indígenas como mestizas.
"Aunque buscan en general quedar fuera de cualquier partido político,
estas expresiones no rechazan al Estado. Al contrario, buscan que el
estado de derecho, la impartición de justicia y la seguridad sean las
normas regidoras", detalla.
3. Restablecer la ley
Otro paso fundamental es el restablecimiento de la ley a través del
combate a la impunidad. Según el reporte, para esto es necesario
fortalecer a las instituciones locales y enviar "señales fuertes" de que
los delitos no quedarán impunes.
A principios de abril, el entonces secretario de Gobierno del estado, Jesús Reyna, quedo bajo arraigo por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios.
Luego de su detención, políticos locales se declararon preocupados
por la noticia y llamaron a que se investigue si otros funcionarios
están relacionados con la delincuencia.
4. Un desarme "serio"
El reporte critica la decisión del gobierno federal de convertir a
algunos grupos de autodefensa en cuerpos de policía rural. Para el autor
y la asociación civil que respalda el reporte, esto debió haber
ocurrido después de que los integrantes del movimiento fueran sometidos a
controles de confianza; además, advierte que esta medida puede generar
más violencia.
"El registro actual, así como la creación de la policía rural
equivalen a avalar y legalizar la compra de armamento a través del
mercado negro, e integrar actores turbios a los órganos del Estado",
señala.
Cuestionadas al respecto, las autoridades han dicho que el diálogo
con las autodefensas y su transformación en policías rurales eran
necesarios para que éstas actuaran dentro del marco de la ley.
5. Regresar poder al gobernador
Otro punto sugerido es definir cómo devolver poder al gobernador y a los alcaldes.
A decir del informe, las autoridades locales son las que deben
controlar la entidad en vez de ser una "sombra" del comisionado federal
Alfredo Castillo.
Desde el inicio del operativo, políticos de oposición criticaron el
nombramiento de Castillo, a quien se refieren como un gobernador "de
facto". Por su parte, Vallejo ha defendido las acciones de las
autoridades federales.
6. Planear la retirada
Para el autor, otro aspecto clave es que el gobierno federal elabore
un "plan acordado" para que se reduzca paulatinamente la presencia de
las fuerzas federales en el estado y para que éstas entreguen el control
de la seguridad pública a las policías locales.
7. Golpear las finanzas del crimen
El último punto que toca el reporte es la necesidad de que las
autoridades centren sus operaciones anticrimen en acabar con las fuentes
de financiamiento de la delincuencia.
Al respecto, el gobierno federal afirma que esa ha sido una de sus principales metas, a través de tareas de inteligencia.
Durante estos meses, el comisionado Castillo ha informado del
decomiso de madera, minerales y productos químicos presuntamente
traficados por los grupos delictivos para hacerse de recursos.
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